«Noticias» y ruidos sobre el Hospital General de València, por Enrique Ortega
Parece que los informes de la Sindicatura de Cuentas sobre establecimientos sanitarios han inspirado noticias y declaraciones interesadas, sin contrastar datos ni otras interpretaciones y opiniones. Este ejercicio de alquimia busca la presunta culpabilidad de la consellera Carmen Montón, enemiga número uno de los partidarios de la privatización y de los lobbies organizados. Tal animadversión se debe a la apuesta firme del equipo de Sanitat y del gobierno autonómico por una sanidad universal, gratuita, de calidad que inspira acciones encaminadas a revertir al ámbito público lo que nunca debió haber pasado a manos privadas. Pero se ha de saber que opinamos igual muchos profesionales y buena parte de la ciudadanía: la salud es derecho y no negocio.
Esta vez el ruido ha alcanzado al Consorcio Hospital General Universitario, resumido en 107 millones en facturas «descontroladas», contrataciones «a dedo» de 14 profesionales, «falta de transparencia» Pero no podemos permitir que se acabe menoscabando el prestigio que ha tenido siempre el hospital. Hay que recordar que, cuando el 1 de octubre del 2015 nos hicimos cargo del departamento de Salud Valencia-Hospital General, encontramos un hospital con criterios de externalización de servicios y procedimientos. Unas áreas económicas y administrativas con déficit extremo de personal.
También era imposible aumentar recursos humanos y económicos por la contención del gasto público obligada por el gobierno central del PP. Además, debimos asumir toda la facturación de la actividad concertada y no concertada (hemodiálisis, endoprótesis, IVO, etcétera) y las abultadas facturas de los fármacos de la hepatitis, hasta ese momento abonadas por la conselleria.
Esta situación solo se resuelve con mucho esfuerzo y tiempo. Además, los consorcios sanitarios tienen características especiales: la atención sanitaria como bien esencial debe seguir prestándose, no podemos retener compras que son imprescindibles y a la vez seguir prestando el servicio.
La denunciada actividad fuera del marco contractual aumentó en el año 2016 en 9 millones de euros. Y se debe, sobre todo, a lo señalado y al incremento del gasto por la aparición de los nuevos fármacos. Sepan que por necesidades de tratamiento hay que ir a la contratación directa al tratarse de productos exclusivos cuya adquisición no se puede retrasar hasta la finalización de un proceso administrativo. La infrafinanciación y la tardanza en recibir los fondos del FLA deja sin crédito a la institución y esto impide la licitación de los contratos. Y en sanidad, repito, hay intervenciones que no pueden esperar.
Sobre las acusaciones de descontrol y falta de transparencia, esta dirección se dotó, sin estar obligada, de personal técnico para fiscalización y auditoría interna. Además, solicitó voluntariamente la intervención delegada de la Generalitat. La gerencia ha cumplido remitiendo los datos exigidos por la Conselleria de Transparencia y fue el primer hospital que abrió en su página web un portal de transparencia.
Se habla alegremente de «gastos no justificados en caja fija» en base a dos asuntos que hasta sonroja recordar: el exceso en gasto de una comisión de servicios de un miembro de la dirección por valor de 59 euros y el obsequio destinado a un colaborador altruista que dedicó muchas horas al análisis económico para la internalización de servicios y al que se agradeció con un planta de 20 euros, «dispendios» que ya hemos abonado de forma solidaria el comité de dirección del Consorcio. Se comprenderá que nos extrañe la repentina minuciosidad de estos escrutinios, cuando nos consta que los gastos en caja fija que se producían antes de nuestra llegada no fueron objeto de tanto revuelo.
Se informa también de contrataciones «a dedo» de los 14 profesionales imprescindibles para la internalización de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, que estaba hasta nuestra llegada en manos de una empresa privada. Esta presunta anomalía fue denunciada por el CSI·F por la vía penal, siendo desestimada por la Fiscalía, y el juzgado de lo Social ha concluido que las contrataciones están amparadas por el Estatuto de los Trabajadores.
Por último, una frase entresacada del informe de la Sindicatura de Cuentas, entrecomillada en algunos medios, que resulta como mínimo sorprendente: «No se ha podido verificar si el personal directivo ha aceptado o no regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas». El equipo de dirección puede verificar que por supuesto que no, y así se habrían ahorrado poner en duda la honorabilidad de las personas. Hemos cumplido las promesas iniciales de una gestión ajustada para conseguir los máximos resultados, con el esfuerzo y el buen hacer de los magníficos profesionales que tiene la sanidad pública. ¿Tanto cuesta reconocerlo?
Enrique Ortega, director gerente del Consorcio Hospital General Universitario de València.
Fuente: Levante